En una misiva dirigida al secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide que el Comité de Bioética deje acreditados los criterios oficiales que han de seguirse en estas situaciones, “sin que se impongan textos sin valor oficial como los de las sociedades científicas que, en ningún caso, son Derecho aplicable ni vinculan, y más cuando burdamente son contrarios al ordenamiento jurídico de un país democrático”.

 

En este sentido, el CERMI recuerda que el artículo 26 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, establece que “los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”.

 

Por ello, el CERMI defiende que las sociedades científicas han de revisar sus protocolos y manuales para “desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España”.

 

En todo caso, el CERMI reclama a las autoridades sanitarias que “vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad y no incurren discriminaciones odiosas y prohibidas” y pide al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.

 

“Toda la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera ‘diferente’ y, por tanto, de menor valor, cuya salud o vida es sacrificable por ser menos prioritaria”, resuelve el Cermi en su escrito.